En un mundo como este, en el que la economía está globalizada y las grandes corporaciones multinacionales pueden decidir, según sus conveniencias, radicarse y/o desplazarse de un país a otro, los que pierden son los que viven de un salario. Porque da la casualidad de que lo que más les conviene a esas corporaciones, son los países en los que los derechos laborales son pocos y en los que los salarios y los impuestos son más bajos. Cuánto más bajos mejor.
En un mundo así, obviamente, los gobiernos nacionales ven disminuir su margen o capacidad de acción. Si quieren, por ejemplo, tomar decisiones para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores o aumentar sus salarios, o los impuestos para brindarles más y mejores servicios públicos (escuelas, hospitales, transporte, seguridad, etc.), las grandes corporaciones amenazarán con irse del país: “Si me subís los impuestos o si establecés más exigencias laborales, me voy a otro país”. Y lo pueden hacer. Eso y otras cosas. Y si lo hacen, sufren precisamente los que los gobiernos quieren ayudar.
La consecuencia de esto, no es otra que una competencia a la baja entre los Estados. Compiten por ejemplo para ver quién baja más los impuestos o abarata las relaciones laborales con el propósito de atraer inversiones o de retenerlas. Nos guste o no, así es con esta globalización neoliberal. Esta reducción del margen de maniobra de los Estados nacionales, que siguen actuando a nivel local, mientras la economía puede hacerlo a nivel planetario, insistimos, perjudica a los que necesitan de los gobiernos arbitrando en la economía a favor de un funcionamiento más solidario de la misma.
Para no extendernos, a nuestro juicio, corregir esto requiere de cierto nivel de globalización de la política. ¿A qué nos referimos? Simplificando mucho, a que ciertas regulaciones de la economía se definan a nivel mundial. Un ejemplo de esto es lo que se está discutiendo en la OCDE y en el G20, a raíz de la crisis económica mundial causada por la pandemia: la necesidad de establecer en todo el mundo una tasa fiscal mínima aplicable a las grandes corporaciones. Una tasa que se comprometan a cobrar todos los países, para que no sean las grandes corporaciones las que, con la amenaza de la deslocalización o la no radicación de inversiones, impongan el sistema fiscal a los gobiernos.
Esta discusión que se está dando a nivel internacional, representa un paso importante hacia la modificación del formato neoliberal asumido por la globalización económica, pero es insuficiente. En primer lugar, por el monto de la tasa, que es bajo, como han dicho el gobierno argentino y hasta el de EE UU. En segundo lugar, por la cantidad de las multinacionales alcanzadas. No son todas las que podrían ser. Pero además, hay que avanzar en la globalización de regulaciones en otras cuestiones, por ejemplo, en el mundo del trabajo o en materia ambiental.
Para terminar, y puntualmente con relación al tema que se discute en el G20, en cada país, los gobiernos, la política, los partidos populares, los sindicatos, deberían manifestarse a favor de un aumento de la tasa mínima que se está discutiendo en el G20. La UCR no debería dejar de hacerlo.
